Por Antonio Pippo

Con el ardiente problema, al borde de la explosión, de nuestros vecinos argentinos, convertidos en uno de los ejemplos negativos más dramáticos y trágicos que se pueden vivir, es un deber urgente de la política uruguaya encarar un contagio ya ocurrido pero que se disimula apenas por una diferencia de tamaño: en la vereda de enfrente las cantidades son mucho mayores y eso, está claro, incidirá tarde o temprano en la dimensión y en la rapidez de los resultados.

El crecimiento en los barrios marginales de la delincuencia, llámese ésta crimen organizado, narcomenudeo, asesinatos por encargo o por simple advertencia de poder en juego, muertes conmovedoras de mujeres y niños y una suerte de impotencia del Estado para enfrentarla, se ha convertido en el mayor problema, yo diría que aún más que la economía, o sea una especie de forúnculo de rápido desarrollo que se exhibe inmune, aparentemente, a cualquier intento de inmediata extirpación.

Partiendo de la base de que todos los ciudadanos con su intelecto sano, tanto como su moral, saben de la cuestión, no perderé tiempo en explicar por qué creo que hay no uno sino dos primeros pasos urgentes a dar si se quiere preservar la salud social futura: uno es el fortalecimiento y modernización de la educación desde la más temprana edad, con los apoyos técnicos y económicos que este proceso requiera; otro es la creación de más cárceles, sustituyendo los actuales edificios resquebrajados, a punto de reventar por el hacinamiento, por unos establecimientos que den seguridad, desarticulen las redes criminales que siguen activas tras las rejas y permitan una categorización profesional de los condenados para ordenarlos con un simple movimiento: los recuperables por una parte, y los irrecuperables por otra, recordando, para no parecer un ingenuo, que el sistema actual apunta a todo lo contrario, el entrevero y las concesiones a los impresentables. Por eso cualquier ciudadano advertido dice de las cárceles que “son la mejor escuela para perfeccionar toda forma de delincuencia”.

Cualquiera de estos dos primeros pasos conllevan una pesada carga: sus logros, si los hay, se verán a largo plazo. La respuesta a alguien que hable de utopía es sencilla: si no se dan, si se comienzan los caminos paralelos, el destino de este país parecerá una bolilla loca rodando a gran velocidad por la ruleta del destino, a punto de volar quién sabe adónde.

Acerca de la reforma de la educación ya he escrito en abundancia y no insistiré; en cuanto a la construcción de cárceles, observando la situación económica del país, sólo parece sensato un plan que incluya la inversión privada como en tantos otros países donde esta sociedad ha dado resultados. Claro, los inversores privados ganarán su canon y recibirán sus exoneraciones; así funciona la cosa, con una aclaración necesaria: sin que el Estado se distraiga, por decirlo de algún modo, y nos haga llegar prácticamente a entregar parte de la soberanía nacional, como ocurrió con el caso de UMP 2.

Simplificando un poco el enorme lío que tenemos por delante, hay mucha cosa dentro del paquete de una reforma de la educación y, sobre todo, en el de una categorización de condenados, previa construcción de cárceles modernas, que respeten los derechos de los presos pero también que impidan que aquellos a quienes estudios psiquiátricos forenses y de sus expedientes y personalidad, o sea los recuperables, sean contaminados por los no recuperables, definidos a través de las mismas vías, quienes sólo deberán cumplir a rajatabla sus penas con la mayor severidad posible y sin “cortes de camino” arreglados quien saben entre quiénes.

En el medio está el trabajo que deberá hacerse para limpiar de corrupción al sistema penitenciario, a la policía del Ministerio del Interior y hasta ciertos sectores del sistema judicial. Y también deberá mejorarse la formación de los distintos cuadros aludidos, así como de las instituciones de menor rango pero que colaboran decisivamente con el régimen central en este campo, como por ejemplo el lavado de dinero.

Ciertamente, parece descomunal el esfuerzo.

Y todos sabemos también que no se logrará nada sin un acuerdo político previo entre el gobierno de turno y la oposición, para que todo el plan tenga bien grabado a su frente el sello de “política de Estado”. Sólo así se vencerán las debilidades de los acuerdos pensados para un plazo corto, al cabo del cual a la mayoría de políticos sólo pase a importarle sus posibilidades de conservar el poder o recuperarlo desplazando en las elecciones a quienes lo ejercen.

Si el pie de la política unida no se mueve hacia adelante para dar, ya hoy, los dos primeros pasos aludidos, nos espera lo peor. Yo no lograré verlo, pero soy capaz de imaginarlo.

En ese caso, que alguien ampare a los que queden.