THE THINKER: THE REAL PROBLEM

Periodistas de la mañana de Radio Sarandí de Uruguay realizaron, días pasados, una entrevista más que interesante a la fiscal doctora Fossatti, involucrada en el llamado «caso Astesiano» que, como se sabe, no involucra solo al integrante del equipo de seguridad personal del presidente Lacalle Pou, sino que se ha ido extendiendo hasta crear un embrollo jurídico y una acumulación cuasi sorprendente de testigos e imputados relacionados con supuestas maniobras de corrupción de distintas características e importancia.

Morning journalists from Radio Sarandí in Uruguay conducted, a few days ago, a more than interesting interview with Dr. Fossatti, the prosecutor involved in the so-called «Astesiano case» which, as you know, not only involves a member of President Lacalle Pou’s personal security team, but has been extended to create a legal tangle and an almost surprising accumulation of witnesses and defendants related to alleged corruption maneuvers of different characteristics and importance.

La doctora Fossatti dejó el caso por propia voluntad y lo hizo –fue su precisión- por variadas inconsistencias en la investigación que decidió realizar con colaboración de la policía, así como discrepancias con decisiones de colegas que la han sustituido o tomado decisiones contrarias sobre sus conclusiones o planteos formales: caso de su resolución de pasar a un testigo –el señor Leal, funcionario de jerarquía del Ministerio del Interior del anterior gobierno- a la calidad de imputado, o su demanda por afectación de su honor contra el presidente del Frente Amplio, hoy la izquierda en la oposición, Fernando Pereira.

La doctora Fossatti dejó el caso por propia voluntad y lo hizo –fue su precisión- por variadas inconsistencias en la investigación que decidió realizar con colaboración de la policía, así como discrepancias con decisiones de colegas que la han sustituido o tomado decisiones contrarias sobre sus conclusiones o planteos formales: caso de su resolución de pasar a un testigo –el señor Leal, funcionario de jerarquía del Ministerio del Interior del anterior gobierno- a la calidad de imputado, o su demanda por afectación de su honor contra el presidente del Frente Amplio, hoy la izquierda en la oposición, Fernando Pereira.

No desarrollaré aquí la multitud de informaciones que dio en esa entrevista la doctora Fossatti. Siento que basta, para el lector, recurrir a la página en internet de la emisora referida, cuyos periodistas es justo que se lleven el mérito por su tan meritorio trabajo.

I will not develop here the multitude of information that Dr. Fossatti provided in that interview. I feel that it is enough, for the reader, to refer to the website of the aforementioned station, whose journalists deserve credit for their commendable work.

Me detendré, sí, en algo que estuvo muy presente en las declaraciones de la fiscal: el Nuevo Código del Proceso Penal, que pasó de los jueces a los fiscales el peso de las investigaciones, hace agua por todas partes y ya está al borde de convertirse en un inexcusable escándalo público. Me queda la dudosa satisfacción de haber expresado antes, varias veces, esta conclusión o, si se quiere, esta poco estimulante hipótesis.

I will focus, yes, on something that was very present in the prosecutor’s statements: the New Code of Criminal Procedure, which shifted the weight of investigations from judges to prosecutors, is falling apart on all fronts and is on the verge of becoming an inexcusable public scandal. I am left with the dubious satisfaction of having expressed this conclusion or, if you will, this rather disheartening hypothesis several times before.

Mientras la Suprema Corte sigue en silencio al respecto, y la Fiscalía General, y aclaro que no juzgo intenciones, habla pero no convence y ayuda a la confusión de la ciudadanía, ha vuelto a hablarse de juicios por jurados y -perdón si me parece una penosa barbaridad- de la creación del Ministerio de Justicia, patología que se sufrió en épocas de la dictadura y que reconozco, aunque no lo comparta, funciona en otros países de la región.

While the Supreme Court remains silent on the matter, and the Attorney General, and I clarify that I do not judge intentions, speaks but does not convince and contributes to the confusion of the citizens, there has been talk again of jury trials and -forgive me if it seems a distressing barbarity- the creation of the Ministry of Justice, a pathology that was suffered during the dictatorship and that I acknowledge, although I do not share it, functions in other countries in the region.

Ese nuevo código emergió del Parlamento luego de gran cantidad de modificaciones al proyecto inicial e incluso agregados o correcciones posteriores, surgidos frente a las primeras comprobaciones de que “empujaba hacia unos cuantos problemas” en el futuro. Sé que sigue siendo cuestión de debate entre constitucionalistas, legisladores, magistrados y académicos. Pero no puedo hacerme el distraído frente a la catarata de tropiezos, enfrentamientos, polémicas y peligrosas incoherencias que ese código ha provocado.

That new code emerged from the Parliament after numerous modifications to the initial project, including subsequent additions or corrections, arising from the first checks that revealed it «led to a few problems» in the future. I know it is still a matter of debate among constitutional experts, lawmakers, judges, and academics. But I cannot ignore the onslaught of setbacks, conflicts, controversies, and dangerous inconsistencies that this code has caused.

A esta altura de las circunstancias, el Poder Judicial, que debiera ser el centro de equilibrio de nuestro sistema democrático republicano de gobierno, está cercado por cuestiones advertibles a simple vista: no es enteramente independiente por la sencilla razón de que carece de independencia económica (quien no quiera verlo, o quien quiera restar importancia a este “detalle”, error y problema de esa persona); en general funciona, en todas sus áreas con una desesperante lentitud, palo en la rueda que, en parte, al menos, depende de la carencia de recursos económicos y de infraestructura, así como de una muy despareja formación general de jueces y fiscales; y finalmente, debiéndose hacer hincapié en el ámbito penal, el nuevo código, que no debe olvidarse incluye un discutible “acuerdo de partes” para concluir un caso –el acusado acepta la culpa y el fiscal reduce la pena en principio establecida en la legislación vigente- que abre dudas en la ciudadanía.

At this point in time, the Judiciary, which should be the cornerstone of our democratic republican system of government, is besieged by evident issues: it is not entirely independent simply because it lacks economic independence (those who do not want to see it, or those who want to downplay this «detail,» are mistaken); it generally operates in all its areas with frustrating slowness, acting as a hindrance that is partly due to the lack of economic resources and infrastructure, as well as the uneven general training of judges and prosecutors; and finally, focusing on the criminal sphere, the new code – which should not forget to include a debatable «agreement between the parties» to conclude a case – raises doubts among the citizens.

Concluyendo, me permito insistir en la abolición de este código del área penal, su sustitución en función de todo lo ocurrido con él en estos años por un texto más certero y convincente. También insisto en la necesidad de que se encuentre en el Parlamento un acuerdo para dar al Poder Judicial independencia de recursos reales y no dependiente de otros Poderes, ya sea el Ejecutivo o, en última instancia, del propio Parlamento. Añado, aunque también lo he escrito antes, que tanto la Fiscalía General como la Suprema Corte deberían disponer de un vocero bien formado y con un marco claro de sus competencias para disolver el montón de visiones que se transmiten de un lado y otro hoy, oscureciendo más que aclarando, y para esclarecer lo que haya que esclarecer de cada caso que movilice a la opinión pública. Así, la sociedad podrá respirar con mayor serenidad al aumentar su confianza en la justicia.

In conclusion, I insist on the abolition of this penal code, replacing it with a more precise and convincing text based on everything that has happened with it over the years. I also emphasize the need for an agreement in Parliament to provide the Judiciary with independence in terms of real resources, not dependent on other branches of power, be it the Executive or, ultimately, Parliament itself. Additionally, as I have mentioned before, both the Attorney General’s Office and the Supreme Court should have a well-trained spokesperson with a clear framework of their competences to dissolve the sea of conflicting views that are currently circulating, which only serve to obscure rather than clarify, and to shed light on whatever needs to be clarified in each case that captures public opinion. By doing so, society will be able to breathe with greater serenity, as their trust in justice increases.