*De acuerdo con la Flip, se trata de una norma decididamente regresiva contra la libertad de prensa

En sesión plenaria, la Cámara de Representantes aprobó, con 73 votos y en cuarto debate, el artículo 68 del Proyecto de Ley Anticorrupción que dispone la posibilidad de sancionar mediante la cancelación de la personería jurídica de organizaciones comunitarias a quienes injurien o calumnien  a funcionarios, e incluso, exfuncionarios públicos.

En el mismo, se establece como nuevo delito “la injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos” con pena de hasta 10 años de cárcel.

Durante la jornada en la que fue aprobado el artículo, el representante a la Cámara por el Atlántico, César Lorduy, quien fue ponente en la última etapa del proyecto al que solo le resta la conciliación para su sanción presidencial, aseguró: “Aquí no estamos hablando de si se puede criticar o no, estamos hablando de hechos falsos, la pregunta es si en este país alguien está autorizado para señalarle hechos falsos a otra persona”, precisó.

Frente al tema, la Fundación para la Libertad de Prensa Flip, señaló que se trata de “una norma decididamente regresiva contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”, señaló la plataforma, agregando que “en el debate se evidenció que un sector político ve con recelo a la prensa y está tramitando inconformidades personales a través del sistema legislativo, a tal punto que durante el debate se cuestionaron garantías de suma importancia para la actividad periodística como la presunción de buena fe y la rectificación”, precisaron.

«Aprobación revela un poder Legislativo que rechaza la veeduría ciudadana»

“El apoyo de 73 representantes a la imposición de estas medidas desproporcionadas y aleccionadoras contra la prensa, en contravía de todas las advertencias de su efecto censurador, revela un poder Legislativo que rechaza la veeduría ciudadana y, en su lugar, ejerce el poder con un fin intimidatorio, un mensaje nefasto para la libertad de expresión en el país. El artículo en cuestión mantiene la opacidad, en contravía del propósito del proyecto de ley, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción impidiendo a la prensa y a las organizaciones de sociedad civil cumplir su rol de perro guardián en una sociedad democrática”, agregó la Flip.

De acuerdo con la organización, además de la evidente inconstitucionalidad del artículo y su desconocimiento de los estándares interamericanos, la inconveniencia es clara. “Cuando los y las periodistas están frente al riesgo de ser sancionados penalmente, tienden a autocensurarse, afectando gravemente el libre flujo de información en una sociedad democrática, en especial en las regiones”, detallaron en la comunicación firmada por varias organizaciones.

«Artículo está haciendo uso del derecho penal para silenciar las críticas a los funcionarios y exfuncionarios  públicos»

Sobre el tema, también se pronunció la Misión de Observación Electoral, MOE, para la cual: “Claramente este artículo está haciendo uso del derecho penal para silenciar las críticas a los funcionarios y exfuncionarios  públicos. Esto debido a que el artículo aprobado establece un nuevo delito que busca generar una protección adicional a los funcionarios frente al escrutinio público del cual deben ser objeto por la labor que desarrollan”, en ese sentido, según la organización, la inclusión del mismo, “restringe la veeduría que hacen la ciudadanía, medios de comunicación y diferentes organizaciones de la sociedad civil a los funcionarios y exfuncionarios públicos, lo cual atenta contra los principios de una sociedad democrática que nuestra Constitución garantiza desde su preámbulo y el reconocimiento de derechos como la libertad de expresión”, precisó la Misión de Observación Electoral.

En ese sentido, puso de presente la MOE, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que por la importancia de la discusión sobre asuntos de interés público, el derecho a la información sobre estos asuntos debe ser protegida de forma reforzada. Por ello, por la naturaleza de las actividades a cargo de los funcionarios públicos, ellos deben estar sujetos a una mayor tolerancia ante la crítica y al control de su gestión pública, debiendo reducirse las restricciones al debate político o de cuestiones de interés público. 

«El artículo pretende sancionar penalmente dos veces una misma conducta»

Indicó precisamente la MOE, que la protección que dicho artículo otorga a los funcionarios públicos se evidencia además a través de dos elementos particulares contenidos en el mismo. “Por una parte, el artículo pretende sancionar penalmente dos veces una misma conducta, pues si se sanciona por injuria o calumnia a un ciudadano por denunciar hechos de corrupción, este podrá ser acusado y sancionado, una segunda ocasión, por este nuevo delito. Es decir, se le impondrán dos penas por un mismo hecho, en contravención de los principios y derechos fundamentales de los que toda persona goza en un proceso penal”, puso de presente la plataforma.

“Por otra parte, en el artículo se establece un procedimiento extraordinario en el que se puede hasta cancelar la personería jurídica de una organización comunitaria (responsabilidad penal de personas jurídicas) previo a que se determine si es responsable o no del delito del que se le acusa. Medida que no ha sido incluida siquiera para casos de lavado de activos, corrupción, o enriquecimiento ilícito”, detallaron en la comunicación.

«Lo que se aprueba es una medida que se convierte en un desincentivo a la participación ciudadana y el control efectivo del poder político»

Al respecto, Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló:  “Llama la atención que este artículo haya sido incluido en el marco de una Ley Anticorrupción, que debería estar orientada al establecimiento de medidas que incrementen el control ciudadano sobre la gestión y ejecución de los recursos públicos y el actuar de los funcionarios. Por lo contrario, lo que se aprueba es una medida que se convierte en un desincentivo a la participación ciudadana y el control efectivo del poder político”, manifestó.

Por todo lo anterior, la Misión de Observación Electoral rechazó enfáticamente la aprobación de medidas, como esta por el Congreso de la República, que limitan los derechos ciudadanos, y otorgan una protección desmedida a quienes ejercen o han ejercido funciones públicas. Así mismo, solicitó que en el marco de la conciliación que está pendiente en el Congreso de la República, se elimine esta disposición, y de no ser así, que desde la Presidencia de  la República se objete la norma, al considerar que va en “contravía de la transparencia y lucha contra la corrupción”, puntualizó.

Congresistas se pronunciaron

La aprobación, también fue motivo de rechazo por algunos congresistas de la República. En ese sentido, se pronunció el senador por el partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, quien aseguró: “Rechazo cualquier intento de mordaza a la libertad de prensa en Colombia. La injuria y la calumnia ya están reglamentadas en el país y no estaré de acuerdo con que se extienda responsabilidades personales a responsabilidades por entidad u organizaciones jurídicas”, anotó.

Por su parte, el representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Fabián Díaz Plata, señaló: “¿Dictadura en Colombia?. Como toda una dictadura, las mayorías de Congreso con el aval de Gobierno Duque aprobaron en último debate el mico que pretenden amedrentar, intimidar y censurar a quienes denunciamos casos de corrupción en contra de funcionarios y exfuncionarios. Demandaremos este nefasto artículo con el que quieren censurar a medios de comunicación y periodistas alternativos”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido, se pronunció el senador por el partido Polo Democrático Alternativo, Alexander López Maya, precisando: “A las mayorías del Congreso les importa poco el Estado Social de Derecho, durante este periodo el gobierno y su bancada han aprobado varias leyes inconstitucionales, ahora, con todo el descaro aprueban la censura a pesar de estar prohibida constitucionalmente”, anotó.

Así mismo, el representante a la Cámara por Colombia Humana-Mais, David Racero, indicó: “Anatolio vote sí. Modificación ley de garantías. Censura a periodistas. Plagios y más trampas. Renuncian para no ser juzgados por la CPJ.Sesionan desde la piscina. Defienden a ministros corruptos. Aprueban lo que les dice Duque ¿Más razones para renovar el Congreso?”, se cuestionó el legislador.